El sector de la automoción ha sido el impulsor de esta iniciativa que permitirá regular el vacío legal que existe en las relaciones contractuales entre las marcas y los distribuidores, fomentando la libertad de las pymes y equilibrando los intereses de ambas partes a favor del consumidor final.

De base esta normativa no nace con la intención de limitarse al sector de la distribución de automóviles en exclusiva, sino que debe ser una “norma paraguas” que proteja jurídicamente a las partes implicadas en la distribución comercial, afectando a todos los sectores existentes y regulando la actividad en todas sus formas, ya sea la franquicia, la distribución autorizada o la concesión.

Concretamente, el anteproyecto de ley se divide en tres partes diferenciadas. En la primera se define el ámbito normativo de la ley; en la segunda se regulan las negociaciones previas y el contenido general de los contratos para ambas partes; y, en la tercera, se regulan las situaciones en caso de terminación del contrato por incumplimiento o decisión unilateral de alguna de las partes, así como las indemnizaciones por daños y perjuicios, y por clientela.

Según el presidente de FACONAUTO -Federación de Concesionarios de Automoción-, Antonio Romero-Haupold, “esta ley ayudará a consolidar una distribución fuerte, garantizando la seguridad jurídica a las dos partes, promoviendo un comercio más activo y enfocado al consumidor".

En la actualidad, se aplica de forma analógica la Ley de Contrato de Agencia del año 1992 a los contratos del sector de automoción, que carece de una ley de distribución comercial que establezca "un tablero de juego" claro y preciso. Por ello, "son los tribunales los que fallan y aplican a cada caso su interpretación discrecional, pronunciando sentencias muy dispares e incluso contradictorias a favor de una parte u otra".

Después de la formalización de la propuesta por parte de CIU, a principios de marzo el congreso notificó a la Comisión Promotora de la Ley de Contratos de Distribución la admisión a trámite de la iniciativa popular legislativa, para lo que la Federación de Concesionarios reunirá un total de 500.000 firmas.

Respecto al sector de la distribución comercial, cabe destacar que actualmente representa el 27 por ciento del PIB nacional, aproximadamente 256.500 millones de euros, y está integrado por un tejido empresarial de más de 425.000 empresas, de las que más del 90 por ciento son pymes.

Ahora, habrá que esperar a que el sistema promulgación de leyes determine el futuro de la Ley de Distribución Comercial, una normativa que regularía las relaciones que se establecen entre las empresas y los operadores que participan en este sector, entre ellos las cadenas de franquicias y sus asociados.