De esta futura ley destacan los preceptos que regulan la cláusula de actualización del precio de contrato en función del incremento del precio del gasóleo y la indemnización por paralización de los transportes de mercancías por carretera.

Estas disposiciones tienen por finalidad reforzar la capacidad de negociación mercantil del sector y su inclusión responde a los compromisos del Ministerio de Justicia asumidos en virtud del Acuerdo de la Administración General del Estado con el Departamento de Transporte de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera.

Se incluye también la regulación de otros aspectos de las prácticas en el tráfico actual, como la carta de porte emitida electrónicamente, el transporte continuado y el transporte multimodal, así como la especificidad del contrato de mudanza.

La futura Ley pondrá fin a la anacrónica situación actual, presidida todavía por la regulación decimonónica del Código de Comercio y, con ello, al alto grado de inseguridad jurídica que contenía.

El texto ha sido redactado sobre la base de la propuesta elaborada por una sección especial de la Comisión General de Codificación, en la que participaron tanto representantes de los Ministerios de Fomento y de Justicia, como especialistas en la materia.

El proyecto adapta el derecho del contrato de transporte terrestre español al modelo de los convenios internacionales.

Como regla general, se permite a las partes contratantes modificar lo dispuesto en las normas de esta futura Ley, siempre que se efectúe mediante pacto negociado individualmente o mediante condiciones generales que resulten más beneficiosas.

Los objetivos que la Unión Europea ha fijado en materia de transportes, como la mejora de la calidad del sector del transporte por carretera y la creación de un espacio ferroviario integrado, eficaz, competitivo y seguro, han servido para poner de manifiesto la necesidad de acometer una actualización de la normativa española.

Fuente: Finanzas.com