La excepción legal de la  Ley de morosidad , que permite dilatar hasta en 90 días los abonos por parte de las empresas a sus proveedores ha sido duramente atacada por la industria alimentaria (afirma que le cuesta 8.000 millones de euros al año), pero también por los grupos parlamentarios, que el pasado 29 de octubre aprobaron una proposición no de ley para que el Gobierno revise la norma.

De prosperar esta reforma, el límite máximo quedaría fijado en 60 días. En el actual contexto de restricción crediticia, sería una buena noticia que se reduzcan los plazos de pago para evitar que se produzcan casos de financiación irregular y lograr que las empresas dispongan de la liquidez necesaria.

Fuente: Expansión