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La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprobó este martes por unanimidad, y con competencia legislativa plena para su remisión al Senado, el proyecto de ley de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.
El proyecto de ley recoge la posibilidad de que el Gobierno pueda imponer a las fusiones empresariales transfronterizas "condiciones por razones de interés público", siempre que no entre en conflicto con la normativa comunitaria sobre concentración empresarial. El texto aprobado hoy supone la transposición de dos directivas de la Unión Europea sobre sociedades mercantiles, y regula por primera vez las operaciones de fusión transfronterizas, no sólo dentro del espacio económico europeo sino también en el ámbito extracomunitario, y da entrada en el ordenamiento jurídico a actividades como las segregaciones, las cesiones globales de activo y pasivo o incluso el traslado internacional de domicilio social de todas las sociedades de capital. En el debate de hoy se incorporó además un acuerdo de todos los grupos de cara a establecer una prevención sobre las fusiones por absorción de entidades participadas indirectamente por parte de sus matrices, a las que el texto confiere garantías similares a aquellos casos en que la participación es directa. Así, se tendrá que recapitalizar las sociedades intermedias y contar con las valoración de las empresas intermedias, llegando incluso a forzar a la matriz a lanzar una ampliación de capital si se considera pertinente. No obstante, PSOE y PP rechazaron una enmienda de ERC-IU-ICV, que pretendía facultar al Gobierno para impedir el traslado de la sede social de las empresas, al considerar que, si bien la medida puede servir para frenar los procesos de deslocalización, también afectaría negativamente a la llegada de compañías extranjeras en España. Fuente: Europa Press
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