La reunión ha sido informal, y en ella González-Sinde y su equipo han intentado explicar uno de los puntos más polémicos de la ley: la creación y funciones de la Comisión de propiedad intelectual, el órgano administrativo del Ministerio que decidirá qué medidas adoptar contra aquellos que se apropien de los contenidos de otros en Internet.

La reunión ha tenido momentos de tensión y ha terminado sin resultados concretos, lo que ha disgustado a la mayoría de los convocados, que han salido bastante decepcionados. Sin embargo, para la ministra la reunión ha sido "muy positiva, importante e interesante" y será "la primera de una serie de reuniones" donde el intercambio de ideas "va a ser muy positivo".

La postura mayoritaria de los convocados era que se retirara la disposición final de la ley, donde se prevé la creación esa comisión que determinará qué webs se deben cerrar, aunque luego el cierre se haga por mandato judicial. El argumento que esgrimen es que la comisión sí tendrá plenas facultades para bloquear determinados contenidos en Internet que se consideren ilegales, sin que un juez así lo haya determinado, lo que vulneraría derechos fundamentales y generaría una inseguridad jurídica innecesaria, puesto que la legislación vigente ya contempla medidas para actuar contra estas webs ilegales.

El ministerio se ha mostrado rotundo, explicando que "no se puede retirar" esa disposición final y que solo puede ser modificada por el Parlamento. 

Fuente: 20minutos.es