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El Consejo Fiscal ha remitido un informe sobre el anteproyecto de ley de economía sostenible --que aborda el cierre de webs-- en el que advierte del "especial potencial invasivo" en la afección de los derechos fundamentales que supone la constitución de la sección segunda, donde se contempla la Comisión de la Propiedad Intelectual.
En dicho documento, el consejo recuerda que se produce una "asimetría legal" respecto a la formulación legal del anteproyecto, ya que "nada se establece a nivel legal" para la citada comisión. En este apartado, critica que todavía no se hayan propuesto los representantes que decidirán sobre las 'webs' de descargas ilegales, como sí se ha hecho para otras comisiones del anteproyecto. Asimismo, califica de "dudoso" poner a la misma altura la propiedad intelectual respecto al resto de bienes jurídicos protegidos. A su entender, la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual no posee tal privilegiada configuración constitucional. "La propiedad intelectual, como tal, debe ser encuadrada en su rango de derecho constitucional, como derecho de propiedad, más que en una versión de un derecho fundamental merecedor de un mayor rango de protección y salvaguardia", apunta. Además, a pesar de reconocer la importancia "en las modernas sociedades y los valores productivos y económicos" de la propiedad intelectual, considera que su defensa y salvaguardia no parece alzarase al mismo nivel que la de los intereses generales (como el orden público o la dignidad de la persona). Por otro lado, plantea el hecho de que las medidas restrictivas propuestas por la citada 'Ley Sinde' quede limitada a los casos en que el prestador de servicios está establecido en España, ya que hay un procedimiento previo para un país del Espacio Económico Europeo. En este caso, habría que pedir al país europeo que adopte "las medidas oportunas" y sólo en caso de que resulten "insuficientes", se notificaría a la Comisión Europea las medidas que tendría intención de adoptar --en este caso, el cierre de webs--. Por último, recuerda que la Comisión de Propiedad Intelectual "no podrá requerir, ni puede ser proporcionado por los prestadores de servicios de la sociedad de la información, informaciones referidas a comunicaciones privadas que puedan afectar al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, que requieren ineludiblmente autorización judicial". Fuente: Abogados.es
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